La situación financiera que atraviesan los prestadores de salud en la provincia suma un nuevo capítulo de preocupación. En las últimas horas, distintas entidades profesionales declararon un estado de alerta ante la deuda que mantiene la obra social provincial APOS, cuyos pagos adeudados se remontan al mes de diciembre.
En diálogo con La Red, el presidente del Colegio de Kinesiólogos, el licenciado Emanuel Uliarte, detalló el complejo escenario que atraviesa el sector y confirmó que el reclamo es compartido por múltiples instituciones. “El día de ayer nos hemos reunido diferentes colegios: bioquímicos, médicos, odontólogos, nutricionistas, kinesiólogos, junto a instituciones como Incor, ERI y Maternidad. Todos somos prestadores de APOS y planteamos la situación de cada sector”, explicó.
Según indicó, el objetivo del encuentro fue analizar la crisis de manera conjunta y buscar alternativas: “La idea fue ver qué podemos hacer como instituciones para que la salud mejore, tanto para la sociedad como para la parte prestacional de cada profesional”.
Uliarte señaló que la problemática no es nueva, pero se ha agravado en los últimos meses. “Estamos trabajando de cuatro a seis meses para atrás, en algunas obras sociales incluso más. Nosotros realizamos las prestaciones sabiendo que vamos a cobrar dentro de varios meses, y eso complica muchísimo nuestra labor”, advirtió. En ese sentido, remarcó que “un mes más de demora es un mes más de deuda que se suma al bolsillo de cada profesional”.
En relación a APOS, precisó que recientemente lograron destrabar parte del conflicto: “Nosotros hemos cobrado el mes de diciembre. Se logró esta semana tras una reunión con las autoridades, y se estaría acreditando en estos días”. Sin embargo, aclaró que el problema persiste: “La semana próxima nos van a citar para negociar los meses de enero y febrero, para poder acercarnos un poco más a la actualidad”.
El titular del Colegio de Kinesiólogos también contextualizó la situación dentro de una crisis más amplia: “Es una situación crítica, como la que estamos pasando como sociedad y como país. Antes los pagos demoraban entre 45 y 90 días, pero en los últimos tiempos esto se ha profundizado”.
Ante este panorama, algunas instituciones ya comenzaron a tomar medidas formales. “Tuvimos que presentar notificaciones e incluso cartas documento a obras sociales que debían más de seis meses, para poder garantizar el cobro”, explicó.
Consultado sobre la posibilidad de que profesionales dejen de atender por obra social, Uliarte indicó que es una decisión individual: “Cada kinesiólogo puede optar por no trabajar con determinada obra social, pero debe informarlo al colegio. Hay quienes eligen no hacerlo por cuestiones de tiempo o rentabilidad”.
Finalmente, subrayó que la problemática afecta a todo el sistema de salud, incluyendo clínicas privadas: “No es solo el colegio de kinesiólogos. También afecta a médicos, farmacéuticos, nutricionistas y clínicas, que tienen costos mucho más altos por insumos y prácticas”.
