Las medidas económicas implementadas por las autoridades nacionales a partir de diciembre de 2023, han determinado un nuevo escenario en los estados subnacionales, la presente realidad de Tucumán, es resultado de una combinación de restricciones diseñadas en Casa Rosada y las dificultades originadas en la legislación tributaria que determina la dependencia de las provincias con la administración nacional a la hora de asignar y distribuir los recursos tributarios de los habitantes de sus territorios.
Los datos de la ejecución presupuestaria en la gestión Jaldo, correspondiente al periodo 2024 reflejan un estado de situación que obliga a la cautela en el diagnostico económico provincial, porque la evolución y comparaciones con periodos precedentes pierde correlación con la implementación de un nuevo modelo económico nacional.
El análisis expone tres datos a destacar 1) la baja incidencia de la deuda en moneda extranjera en relación a los ingresos totales de la provincia, 2) la participación de los ingresos tributarios originados desde la nación y 3) el impacto de las restricciones nacionales en los gastos de capital.
En el primer caso, Tucumán en un escenario de incertidumbre cambiaria progresiva registra en 2024 un stock de deuda en moneda extranjera equivalente al 3,73% de los recursos totales contabilizados por la provincia, en 2023 esta relación fue del 7,22%. Asimismo, se destaca que el 52,5% del endeudamiento en dólares corresponde a financiamiento otorgado por el Tesoro Nacional lo cual confiere a las autoridades locales un margen de negociación diferencial.
La información vigente establece que los impuestos nacionales representan el 67,49% de los recursos totales en 2024. El dato adquiere relevancia y permite inferir un preocupante nivel de vulnerabilidad de las cuentas provinciales ante eventos específicos que requieran afectación de fondos adicionales a los oportunamente proyectados, un ejemplo reciente es la situación de Bahía Blanca en la Provincia de Buenos Aires. Los recursos de origen nacional más la compensación del consenso fiscal determina el volumen de ingresos tributarios nacionales. Las transferencias discrecionales establecidas por ley (coparticipación federal de impuestos) sufrieron una reducción en valores reales como resultado de la caída de la actividad. La implementación de medidas restrictivas de la nación conjuntamente con la eliminación y/o suspensión de la obra pública en territorio subnacional determino una caída significativa de las transferencias no automáticas desde la Nación.
La no ejecución de obra pública con financiación nacional, la reducción del personal y cierre de unidades de la administración nacional en los territorios provinciales y un nivel de retracción económica generalizada es el origen de un deterioro del entramado productivo-comercial local, que obligo a un ajuste de las partidas del gasto de capital. Por el lado de los ingresos, las transferencias de capital apenas registran un exiguo crecimiento del 1,1% interanual y en la estructura de erogaciones el mismo rubro contable expone una caída del 89,42%.
Es evidente que el “no hay plata” que plantea el presidente Milei ante demandas por fuera de lo establecido en las leyes nacionales no es solo una frase para anular cualquier pedido de ayuda de gobernadores e intendentes. Posiblemente los objetivos económicos del primer mandatario y su equipo económico sean inalcanzables, pero están ahí como camino a recorrer, por lo tanto, las autoridades provinciales deberían evaluar opciones de gestión económica allí donde los errores y sus efectos negativos de la propuesta de Casa Rosada se acumulan.
Analizar y criticar el presente económico provincial, no se reduce a la adaptación de un modelo de gestión nacional con consecuencias directa e indirecta en el territorio tucumano, sino a la búsqueda de puntos de convergencia que prioricen la industrialización provincial, el empleo y el posicionamiento de Tucumán en el contexto regional y nacional.
